A pesar de ser un tema central para la conquista plena del derecho a la salud y los derechos humanos, en América Latina persisten barreras sistémicas y culturales que obstaculizan el pleno ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, convirtiéndose, por ejemplo, en la región con a segunda tasa más alta a nivel mundial en materia de embarazo adolescente.
En este contexto, Pro Mujer ha identificado una enorme necesidad para revertir la situación actual y ha enfocado sus esfuerzos a promover programas de educación en materia de derechos sexuales y reproductivos entre las mujeres, sobre todo, en aquellas comunidades donde la marginación y la ruralidad acrecientan las brechas.
En ese sentido, se impulsó la conversación en la agenda del Foro GLI Latam, en donde se presentó el panel estelar “Salud Sexual y Reproductiva de Mujeres en Latinoamérica: Perspectivas y Desafíos”, el cual se inscribe en los más recientes esfuerzos por parte de Pro Mujer Salud, a través de un proyecto que se desarrollará en territorio mexicano para extender oportunidades gratuitas de aprendizaje, diagnóstico y tratamiento en poblaciones vulnerables.
Liderado por Marcela Del Águila, Directora Global de Servicios de Salud en Pro Mujer, el panel contó con la participación de expertos y expertas en el campo de la salud y el bienestar femenino: Ana Cecilia Velásquez, Directora de País en MSI Bolivia; David Alexander Zambrano Rojas, Coordinador internacional de operaciones en Fundación ESAR; Gabriela Rojas, Fundadora & CEO de Sin Reglas; y Catalina Martínez, Senior Regional Director LAC del Center for Reproductive Rights.
Catalina Martínez inició la discusión remarcando la importancia de asegurar estos derechos desde el más elevado grado de salud, a partir de diferentes obligaciones que le confiere a los estados. “La primera obligación que destaco es que los Estados deben asegurar nuestro derecho a decidir, lo cual está profundamente relacionado a nuestra autonomía, nuestras libertades personales y nuestra vida privada. El segundo grupo de obligaciones va en torno a garantizar servicios de salud sexual y reproductiva en condiciones de disponibilidad, fácil acceso, calidad, y aceptabilidad. Y por último, el tercer bloque debe garantizar que esos servicios se den sin ningún tipo de violencia y, o discriminación.”
Adicionalmente, Catalina destacó la importancia de trabajar a través de herramientas legales, como litigios estratégicos que permitan cambiar los marcos legales de los países, como su organización ha logrado en Colombia, y así habilitar los derechos de las mujeres de manera inequívoca.
Posteriormente, David Zambrano destacó cómo los derechos sexuales y reproductivos se relacionan con el bienestar de las mujeres, y la importancia crucial de contar con los servicios de salud adecuados para tratar y asegurar su cumplimiento.
“No es posible que aún hoy en día estas oportunidades no estén garantizadas para todas las mujeres. Cada mujer que salvamos de una mortalidad materna, de un embarazo no deseado, de infecciones de transmisión sexual, es una mujer que podrá ocupar espacios en la economía, en la sociedad, que podría librarse de cinturones de pobreza, de matrimonios infantiles, de violencias de género.”
Por su parte, Gabriela Rojas amplió la discusión para considerar la evolución de la salud sexual y reproductiva en el ciclo de vida de las mujeres hasta la etapa de la menopausia.
“Mil millones de mujeres en el mundo estamos viviendo alguna etapa de la menopausia. Sólo en Hispanoamérica, 100 millones. Y todas vamos a pasar por ahí, a diferencia del embarazo, donde podemos decidir o no reproducirnos. En esta etapa, 9 de cada 10 mujeres experimentarán síntomas, y una de cada dos será diagnosticada con un cuadro concurrente. Con estos datos, me parece sumamente sorprendente que el tema esté invisibilizado.”
Gabriela destacó que en diferentes espacios de la vida pública, como lo es el escenario laboral, no existen consideraciones de bienestar a partir de los padecimientos menopáusicos.
“Para el sistema de salud global, se calcula un costo de 550.000 millones de dólares el atender la menopausia. Y este costo se extiende a las empresas y a la economía, donde se estima una pérdida de 150.000 millones de dólares en baja productividad. Entonces, además de considerarlo desde un enfoque de derechos, debemos atenderlo como un tema económico. Es más redituable invertir en los derechos de las mujeres que no hacerlo.”
Para hablar sobre desigualdad de género en acceso a servicios de salud, Ana Cecilia Velásquez compartió el panorama de Bolivia, particularmente de mujeres en áreas rurales y en comunidades indígenas. Por ello, reiteró la importancia de desarrollar programas específicos para las diferentes poblaciones vulnerables a las que sirven, trabajando directamente con usuarias y proveedores para sensibilizar sobre buenas prácticas y así eliminar sesgos y prejuicios – práctica adoptada en el proyecto de Salud Sexual y Reproductiva llevado a cabo por Pro Mujer.
Por su parte, Marcela del Águila, de Pro Mujer, reconoció que es en el trabajo conjunto, y en el reconocimiento individual, donde encontramos la fuerza para exigir su cumplimiento, y descubrir nuevas oportunidades de mejora.
“Sin duda, abordar estos desafíos requiere una combinación entre políticas de salud, educación, pero sobre todo empoderamiento y educación en las mujeres. Nosotras somos las primeras que tenemos que demandar estos servicios, que tenemos que entender qué nos está sucediendo para acercarnos a un profesional y averiguar qué es lo que tenemos que hacer, en qué etapa estamos y qué es lo que necesitamos.”
