En el panorama global actual, se observa un retroceso alarmante en materia de género, inclusión e igualdad. Nuevos gobiernos, legislaciones y proyectos han relegado una agenda que, durante décadas, ha velado por los derechos y el empoderamiento de las mujeres.
Este retroceso se agrava por la amplia brecha ideológica que se ha detectado entre mujeres y hombres, principalmente en la Generación Z. Las investigaciones y encuestas revelan que, mientras las mujeres se inclinan cada vez más hacia posturas progresistas, los hombres se identifican con ideas más conservadoras.
Un artículo publicado por el periodista John Burn-Murdoch en el Financial Times destaca que los varones jóvenes en países como Corea del Sur, Estados Unidos, Alemania y Reino Unido, se inclinan hacia ideas políticas más conservadoras en comparación con las mujeres de su misma generación. “La Gen Z son dos generaciones, no una”, afirma.
El impacto de este retroceso pone en riesgo los avances logrados en derechos de las mujeres y la igualdad de género, y alimenta el backlash antifeminista entre los jóvenes conservadores, lo que genera una resistencia a las reivindicaciones y avances logrados por las mujeres. Por ello, es imperativo que los líderes y las políticas públicas se comprometan a fortalecer la perspectiva de género en nuestras sociedades para promover y estructurar su incorporación.
En la sesión llevada a cabo el día 5 de junio en el marco del Foro GLI Latam, “El poder de las políticas públicas”, expertas en la materia se reunieron para conversar sobre este tópico crucial, bajo la moderación de Tomás González Bergez, Gerente Global de Género y Gender Knowledge Lab de Pro Mujer. Participaron del panel: Cornelia Schmidt-Liermann, Directora del Control de la Policía de Seguridad Aeroportuaria & Ex Diputada Nacional Argentina; Guadalupe Aguirre, Coordinadora de Género, Inclusión y Diversidad, CAF; Carolina Stanley, Asesora General en el Ministerio Público Tutelar de la Ciudad de Buenos Aires; Carolina Barone, Subsecretaria de la Mujer, Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.
“Faltando sólo seis años para alcanzar el plazo estimado para el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, apenas un 15,4% de los indicadores del Objetivo 5 – Lograr la igualdad entre los géneros y empoderar a todas las mujeres y las niñas – va por buen camino”, inició reflexionando Tomás, y se preguntó cómo pueden las políticas públicas subsanar la deuda existente con las mujeres y disidencias.
Carolina Stanley, con vasta experiencia en el sector público Argentino, indicó que aún no se logra comprender u observar el verdadero impacto de alcanzar la paridad. “No estamos hablando de gasto, sino de inversión. ¿Y por qué digo inversión? Porque incluso hay estudios del Banco Mundial que dicen que, si la Argentina trabajara en pos de la igualdad de género en el mercado laboral, el PBI crecería un 14%. Podemos decir que el impacto en la economía de la igualdad de género es casi esencial y elemental”.
Para complementar esta oportunidad latente en el mercado laboral, Carolina Barone destacó el valor del trabajo no remunerado, que en la Ciudad de Buenos Aires representa el 13% de la riqueza total. “Si invirtiéramos en las mujeres y en su potencial, esto se traduciría directamente en un aumento del PIB”, afirmó.
Si bien ha habido avances, los Estados tienen pendiente la instauración de mayores iniciativas que se orienten a mejorar la situación de las mujeres. Como señaló Guadalupe Aguirre, representante del Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF) en el panel, “En América Latina, el 30% de las mujeres no tienen ingreso propio, contra el 8% de los hombres. Nuestra entrada a los mercados laborales se hace en trabajos informales, a tiempo parcial y en los sectores menos dinámicos de la economía”.
Los espacios de trabajo siguen dominados por hombres, mientras las mujeres continúan segregadas y destinadas a la informalidad y marginalidad. Infinidad de barreras obstaculizan sus aspiraciones profesionales, pero la principal brecha que imposibilita el avance en su proceso de formación tiene que ver con la sobrecarga de tareas del hogar y de cuidados. “La barrera de los cuidados es la principal barrera hacia la igualdad de género. Y ahí también el Estado y la política pública todavía tiene muchísimo para ofrecer”, resaltó Guadalupe.
Las responsabilidades de cuidado y demás labores domésticas recaen de manera desproporcionada en las mujeres, limitando su disponibilidad y libertad para participar en otras áreas productivas. En América Latina, el trabajo doméstico y de cuidados no remunerado aporta un valor de entre 19% y 27% del PBI, y el 75% de este aporte es realizado por mujeres (CEPAL). Bajo esta premisa, los entes reguladores y normativos deberían asumir el compromiso en el diseño de una estrategia integral para redistribuir y reconocer el cuidado.
Cornelia Schmidt-Liermann hizo mención a una señal de escucha por parte de la gobernanza colombiana y referenció una iniciativa llevada a cabo en Bogotá, donde 9 de cada 10 mujeres realizan trabajos de cuidado no remunerados. Con el propósito de liberar el tiempo de las mujeres, se desarrolló el Sistema CARE para que las cuidadoras y aquellas personas a quienes cuidan puedan acceder a los servicios de la ciudad. Un gran caso de éxito ejecutado por el sector público.
La Directora del Control de la Policía de Seguridad Aeroportuaria, puso énfasis en la necesidad de incorporar al hombre en estas conversaciones y promover la corresponsabilidad, a través de la implementación de políticas que fomenten activamente la participación de los hombres en roles de cuidado.
Además, la sobrecarga de cuidados dificulta el ascenso de las mujeres en la jerarquía laboral. La falta de equilibrio entre sus vidas personales y responsabilidades laborales, coarta la posibilidad de alcanzar puestos decisores. “En América Latina y el Caribe, solamente el 15% de los gobiernos locales están liderados por mujeres”, mencionó Guadalupe Aguirre, y remarcó: “Si las mujeres no tenemos nuestra propia voz, no estamos representadas y no llevamos nuestras necesidades a la arena pública, nadie lo va a hacer por nosotras”.
Según BID, existe evidencia empírica que indica una correlación positiva entre un mayor número de mujeres en puestos de decisión públicos y un mayor crecimiento económico, igualdad de género y un mayor gasto social en educación, salud y protección ambiental. Esto representa una oportunidad para redefinir estrategias y sumar esfuerzos por parte de todos los sectores de la sociedad, incluyendo tanto al sector público como al privado.
En consonancia con esta visión, Aguirre comentó una nueva iniciativa que CAF está construyendo junto al Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), el Sello de Género, una herramienta metodológica para reconocer a las instituciones públicas que trabajan en el avance de la igualdad de género.
Sin dudas, es fundamental que los gobiernos asuman un rol protagónico en la ejecución de políticas públicas con enfoque de género transversal. Carolina Barone compartió su experiencia trabajando en ámbito público de la Ciudad de Buenos Aires, donde se han implementando dos proyectos de largo aliento: La Iniciativa PARES, que busca eliminar las desigualdades de ingresos salariales por motivos de género, impulsar el crecimiento profesional de las mujeres y aumentar su participación en el ámbito laboral; y el Sello Empresa Mujer, un mecanismo para identificar y promover la participación de las mujeres en el mercado público.
Solo a través de la acción conjunta y comprometida de todos los sectores de la sociedad, tanto públicos como privados, podremos construir una región donde la igualdad de género sea una realidad. “La igualdad de género es más que un objetivo en sí mismo. Es una condición previa para afrontar el reto de reducir la pobreza, promover el desarrollo sostenible y construir un buen gobierno”, Kofi Annan, séptimo Secretario General de las Naciones Unidas.
