La violencia por razón de género es una de las expresiones más persistentes y devastadoras de la desigualdad estructural. Superarla no es solo una cuestión de derechos humanos: es una condición indispensable para lograr sociedades justas, pacíficas y sostenibles, como lo establecen los ODS.
Cada año, 245 millones de mujeres y niñas que han estado casadas o en pareja sufren violencia física o sexual a manos de su pareja. Solo en 2019, al menos 4,640 mujeres fueron víctimas de femicidio en América Latina y el Caribe, según cifras de la CEPAL.
La violencia basada en género también tiene altos costos económicos, sociales y laborales. A nivel global, puede representar entre el 3.5% y el 5% del PIB. En el ámbito laboral, limita el desarrollo de las mujeres, genera ausentismo, menor productividad y abandono del empleo, y reduce su participación en espacios de decisión, afectando no solo sus vidas, sino también el crecimiento económico y social.
Estas cifras revelan un patrón sistémico que impide a millones de mujeres ejercer sus derechos, desarrollarse plenamente y participar en condiciones de igualdad. Frente a ello, la acción colectiva es imprescindible para transformar estructuras, políticas y culturas que han normalizado la violencia y perpetuado las desigualdades de género.
Los retrocesos actuales y la necesidad de proteger los avances
En distintos espacios del Foro GLI Latam 2025 de Pro Mujer se hizo evidente que los avances logrados en las últimas décadas hoy están en riesgo. Paola García Rey, Directora Adjunta de Amnistía Internacional Argentina, lo expresó contundentemente: “Estamos acostumbradas a pelear y a seguir batallando. Hay que proteger las instituciones, los derechos humanos y el consenso de que no vamos a tolerar más violencia contra las mujeres.”
Los retrocesos políticos e ideológicos ocurriendo a nivel global no solo están desmantelando marcos legales que protegían los derechos adquiridos de las mujeres, sino que también están erosionando las redes de apoyo que han posibilitado el denunciar la violencia y exigir justicia.
Desde el sector público, Ingrid Gómez, Subsecretaria del Derecho a una Vida Libre de Violencia en la Secretaría de las Mujeres del Gobierno de México, advirtió que “cuando hay crisis, las agendas de género son las primeras en ser debilitadas.” Y añadió: “necesitamos blindar lo avanzado. Cuando hay retrocesos, lo primero que quieren quitar es el derecho de las mujeres a vivir una vida libre de violencia.”
María Elena Esparza, Coordinadora del Programa de Autonomía Económica de la Secretaría de las Mujeres de la Ciudad de México, también señaló que “la autonomía económica es una pieza clave para que las mujeres puedan salir de entornos violentos,” y subrayó la importancia de sumar al sector privado a los esfuerzos para prevenir la violencia.
Corresponsabilidad social frente a la violencia
Las violencias por razón de género no son solo un problema de mujeres, ni se resuelven con esfuerzos aislados. Exigen un cambio cultural profundo, que también interpela a los hombres, las empresas, las instituciones educativas y los liderazgos políticos. Ingrid Gómez fue clara al afirmar que “mientras haya desigualdades, habrá violencias” y que “el combate tiene que ser transversal y desde todos los frentes.”
La articulación entre sectores no siempre es sencilla. Requiere reconocer distintas perspectivas, capacidades y ritmos institucionales. Pero sin coordinación, los esfuerzos se diluyen. Como señaló Fátima Gamboa, Directora Ejecutiva de Equis Justicia, “no hay reforma posible sin presupuesto, sin monitoreo y sin participación activa de las mujeres en todos los niveles.” Esa participación no puede ser simbólica: tiene que estar en el centro del diseño, la implementación y la evaluación de cada política pública.
La articulación interinstitucional, la asistencia técnica a empresas, las certificaciones de igualdad de género y el trabajo con nuevas masculinidades emergieron como caminos posibles. Todas estas estrategias coinciden en un principio: la transformación no se logra en solitario. En este sentido, la acción colectiva para erradicar la violencia por razón de género no se limita al ámbito público. Avanzar hacia un cambio de paradigma requiere también del compromiso activo del sector privado. Las empresas como generadoras de empleo y constructoras de cultura organizacional, tienen un rol clave en transformar las dinámicas que reproducen desigualdades y en garantizar espacios laborales seguros para todas las personas.
Transformar las instituciones, no solo capacitar
Responder a la violencia basada en género en los entornos laborales no puede limitarse a campañas de sensibilización o compromisos en papel. Implica revisar estructuras, jerarquías y prácticas cotidianas que perpetúan la desigualdad. Gabriela Lozano, Coordinadora del Área de Diagnósticos e Implementación de Grow-Género y Trabajo, lo resumió con claridad: “la violencia no significa un acto reiterado ni intencional, por eso es urgente un nuevo contrato social en los espacios de trabajo.”
El Convenio 190 de la OIT—el primer tratado internacional que reconoce expresamente el derecho de toda persona a un mundo del trabajo libre de violencia y acoso, incluyendo la violencia por razón de género—ofrece un marco poderoso para repensar cómo entendemos y abordamos la violencia laboral, ampliando su definición más allá del hostigamiento directo para incluir discriminación sistemática, exclusión, e incluso prácticas aparentemente normalizadas que generan inseguridad o subordinación.
Erradicar la violencia basada en género en los entornos laborales exige una revisión profunda de cómo funcionan las organizaciones: quién decide, cómo se distribuye el poder, qué conductas se toleran y cuáles se corrigen. Es una transformación que comienza por reconocer que los entornos seguros no aparecen espontáneamente: se construyen con voluntad política, recursos asignados y procesos que cuestionen las jerarquías tradicionales.
Repensar las masculinidades como parte del cambio
Transformar las condiciones que permiten la violencia también implica cuestionar los mandatos tradicionales de masculinidad. En uno de los espacios del Foro GLI se planteó que los hombres no solo deben ser aliados: deben implicarse activamente en la corresponsabilidad del cuidado, la erradicación de estereotipos y la prevención de la violencia.
Promover masculinidades transformadoras es una vía concreta para generar entornos más igualitarios, desde los espacios laborales, escaños, hasta los hogares. Iniciativas de formación, sensibilización y reflexión con hombres fueron destacadas como parte del cambio cultural necesario para erradicar la violencia desde la raíz.
